Prohibido contradecir

Verdades oficiales que nadie puede negar sin poner en peligro la sociedad, han sido siempre la justificación de toda censura. Y como la censura está mal vista, se dirá que, esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Si no que quien opina comete “delito de odio”
Recurrir a un autocar llamativo para lanzar mensajes y sensibilizar a la población es cada vez más habitual. Hace unos años, copiando una iniciativa británica, tuvimos el llamado bus ateo, con el lema “Probablemente Dios no existe. Así que deja de preocuparte y disfruta de la vida”. El mensaje daba por supuesto que el creyente es un ser agobiado por sus creencias e incapaz de gozar de la vida. Pero nadie dijo que la negación de la existencia de Dios expresara un odio contra los creyentes ni incitara a discriminarlos. El autobús circuló por Madrid y otras ciudades sin mayores incidentes.

En un tema tan debatido como la relación entre el sexo biológico y la identidad de género y la transexualidad, ha surgido una “verdad oficial”

Pero parece que la libertad de expresión no ampara a todos los autobuses ni a todas las opiniones. Así se ha comprobado en el caso del autocar fletado por la organización Hazte Oír, que ha circulado por las calles de Madrid con los mensajes: “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. Y “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.
El recuerdo de este dato biológico se ha convertido inmediatamente en un mensaje transgresor. Ni tan siquiera le ha valido que coincidiera con la celebración del Carnaval, en el que se toleran por unos días los gestos y palabras inconvenientes. Lo políticamente correcto no admite transgresiones ni en carnavales. El Ayuntamiento de izquierdas, la Comunidad de derechas y los colectivos de variados géneros, han dictaminado que estos mensajes constituyen “una campaña de odio”. La diputada socialista, portavoz de Igualdad del PSOE, aseguró que el mensaje “pretende alentar odio y discriminación” contra los transexuales, y coincidió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en pedir que la fiscalía persiga este supuesto “delito de odio” y prohíba el autobús. Por el momento, la policía municipal ha inmovilizado el autocar.
El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha respondido que “el autocar no pretende discriminar ni ofender a nadie, sino simplemente reconocer un dato de la biología, que todos estudiamos en el colegio”. El mensaje no alienta a hacer nada contra nadie, sino a estar atentos para que en la escuela no se confunda a los niños con lo que ha dado en llamarse ideología de género. De hecho, la campaña de Hazte Oír responde a otra impulsada en Navarra y el País Vasco por una Asociación de familias de menores transexuales, cuya publicidad en marquesinas lanzaba el mensaje “Hay niñas con pene y niños con vulva”.
Verdades oficiales
Pero, en este asunto, parece que hay mensajes con bula de libertad de expresión y mensajes con amenaza de censura. En un tema tan debatido como la relación entre el sexo biológico y la identidad de género y la transexualidad, ha surgido una “verdad oficial”. Y el que se aparta de ella, se convierte en un delincuente culpable de “discurso del odio”.
La existencia de verdades oficiales, que nadie puede negar sin poner en peligro la sociedad, ha sido siempre la justificación de toda censura. Pero como la censura está mal vista, se dirá que, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. La opinión disidente se califica como un “delito de odio”, tipificado en el Código Penal (art. 510) que castiga a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo”, por diversos motivos entre ellos el sexo, orientación o identidad sexual. Cómo es posible que el recuerdo de un hecho biológico equivalga a una incitación al odio o a la violencia es uno de los misterios de lo políticamente correcto, siempre tan quisquilloso.
Desde el punto de vista jurídico, el mismo concepto de delito por discurso del odio (“el hate speech” de origen anglosajón) es bastante problemático. Como la libertad de expresión es un derecho fundamental en la democracia, muchos juristas consideran que su limitación apelando al “discurso del odio” exige que se demuestre que trata de promover la hostilidad contra un grupo, que se prueben los efectos gravemente dañinos de ese discurso y que se delimiten estricta y unívocamente las conductas delictivas.
Nada de esto es fácil de probar ante los tribunales. En otros campos, cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros bienes, como el derecho a la intimidad o la protección de los secretos oficiales, lo más habitual es que los tribunales den prioridad al libre ejercicio de la libertad de expresión.
En este caso, todo indica que se intenta esgrimir el Código Penal como amenaza contra quien tiene modos de pensar distintos. Se acusa al disidente de utilizar un discurso del odio, cuando en realidad la actitud del poder revela el “odio que me contradigas”. Y, dando la vuelta a la máxima de Voltaire, no solo rechazan la opinión contraria, sino que están dispuestos a empeñar su vida para que el otro no pueda expresarla. De este modo, la invocación ritual al respeto a la “diversidad” y a la “inclusión”, puede servir para imponer el pensamiento único y excluir al que expresa una opinión diversa.
Resulta un tanto descorazonador que haya tan pocos políticos y medios dispuestos a defender la libertad de expresión cuando se sale de los patrones políticamente correctos. Para estos casos vale también el pensamiento de Orwell: “Si la libertad significa algo, significa el derecho a decir a los demás lo que no quieren oír”.
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